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  • La Gestión Pública

    1. Importancia de la contratación pública

    La contratación pública moviliza cerca del 30% del presupuesto nacional, mostrando su rol clave en la gestión estatal.

    Requiere lineamientos claros del ente rector para una ejecución eficiente y sin vacíos normativos.

    La oportunidad en las adquisiciones impacta directamente en la generación de valor público.


    2. Evolución tecnológica y desafíos de la administración

    Aunque la tecnología avanza rápidamente, muchas entidades mantienen modelos burocráticos antiguos.

    Las nuevas demandas sociales requieren gestión moderna basada en gobernanza y colaboración.

    La finalidad es atender mejor al ciudadano mediante servicios oportunos y de calidad.


    3. Valor público y gestión eficiente de recursos

    Se genera valor público cuando bienes y servicios satisfacen necesidades y expectativas ciudadanas.

    La eficiencia interna, especialmente en abastecimiento y compras, es clave para evitar retrasos.

    Casos como el traslado de vacunas evidencian la necesidad de planificar según el territorio y asegurar logística adecuada.


  • Cadena de Abastecimiento Público

    1. Importancia del abastecimiento oportuno

    La geografía diversa del país exige abastecimiento adaptable y eficiente.

    Una entrega tardía de bienes esenciales, como vacunas u oxígeno, afecta directamente al ciudadano.

    La pandemia evidenció deficiencias logísticas y la necesidad de fortalecer la capacidad estatal.


    2. Gestión integral más allá de las compras

    La cadena incluye planificación, programación, adquisiciones, almacenamiento y distribución.

    Debe alinearse a planeamiento, presupuesto e inversión pública.

    Una falla en cualquier eslabón impide generar valor público.


    3. Valor público y responsabilidad del sistema

    El valor público se logra cuando bienes y servicios satisfacen necesidades del usuario final.

    Retrasos o mala gestión reducen el impacto social y generan responsabilidades.

    La mirada debe ser holística: planificar, adquirir, distribuir y cerrar el ciclo del bien.


  • Ley General de Contrataciones Públicas

    1. Entrada en vigencia y enfoque de reforma

    La nueva ley entró en vigencia el 22 de abril y marca una reforma integral más que una simple modificación.

    Busca cambiar la forma de gestionar las contrataciones públicas en todas sus fases.

    Introduce el principio transversal de “valor por dinero” para orientar las decisiones del Estado.


    2. Principio de valor por dinero

    No se limita al precio: prioriza calidad, satisfacción de necesidades y análisis del ciclo de vida.

    Exige identificar al usuario final, evaluar alternativas y asegurar impacto positivo.

    Implica eficacia, economía y eficiencia desde la programación hasta la ejecución contractual.


    3. Ciclo de vida y sostenibilidad

    Considera costos asociados, mantenimiento y beneficios a largo plazo para elegir la mejor opción.

    Promueve compras sostenibles y alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

    La contratación pública puede generar impacto social, económico y ambiental positivo.


  • Valor por Dinero en la Ejecución Contractual

    1. Monitoreo y responsabilidades compartidas

    La entidad debe realizar seguimiento continuo a la ejecución contractual.

    Área usuaria y unidad de contrataciones comparten el control por su conocimiento y administración del contrato.

    El objetivo es verificar que el contratista cumpla con lo requerido usando personal y equipamiento adecuados.


    2. Evaluación con participación del usuario final

    Tras la ejecución, se debe evaluar si la prestación realmente satisfizo la necesidad.

    El beneficiario final confirma el cumplimiento y calidad del servicio.

    El valor por dinero es transversal y no solo de la etapa de selección.


    3. Enfoque de control orientado a resultados


    El control tradicional basado solo en precios debe transformarse.

    Auditorías de desempeño permiten medir impacto y resultados, no solo cumplimiento formal.

    Contraloría y OCI deben alinearse a la nueva lógica del marco normativo.


  • ¿Qué es la contratación Pública?

    1. Función y alcance de la contratación pública

    Es el instrumento mediante el cual el Estado adquiere bienes, servicios u obras.

    Representa un volumen significativo del gasto público y debe gestionarse con eficiencia.

    Su finalidad es asegurar servicios de calidad para el ciudadano.


    2. Relevancia de la integridad en la gestión

    La OCDE destaca que esta actividad exige altos estándares de conducta.

    La compra pública es sensible y expuesta a riesgos e intereses.

    La integridad es un principio esencial para quienes intervienen en el proceso.


    3. Orientación al interés público y valor generado

    Las contrataciones buscan satisfacer necesidades públicas de manera oportuna.

    Contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población.

    Se alinean al enfoque de valor público al generar impacto positivo.


  • Objeto de la Ley N° 32069

    1. Finalidad y marco normativo

    La ley establece el marco para una contratación oportuna de bienes, servicios y obras.

    Se alinea al Sistema Nacional de Abastecimiento y regula la participación de todos los actores.

    Su finalidad es aplicar el principio de valor por dinero para maximizar recursos públicos.


    2. Ámbito de aplicación y criterios concurrentes

    La aplicación depende del ámbito subjetivo (entidades públicas), objetivo (bienes, servicios y obras) y uso de fondos públicos.

    Solo cuando estos tres elementos concurren, la contratación se sujeta a la ley.

    El artículo 7 contempla excepciones aun si se cumplen dichos elementos.


    3. Inclusión de contratos menores en la nueva ley

    A diferencia del marco anterior, los contratos menores ahora están comprendidos en la ley.

    Alcanzan tanto actos preparatorios y de selección como la ejecución contractual.

    Existen precisiones recientes que serán materia de análisis más detallado.


  • Contrataciones Menores

    1. Marco normativo y definición

    Los contratos menores, previamente excluidos bajo la ley antigua, ahora se regulan por la Ley General de Contrataciones Públicas (art. 34) y su reglamento (arts. 226-229).

    Se aplican a adquisiciones iguales o inferiores a 8 UIT, garantizando eficiencia y agilidad en la gestión.

    Las entidades pueden establecer lineamientos internos para casos no previstos en la norma, manteniendo supervisión del OS.


    2. Procedimiento y control interno

    Antes de la contratación, el bien o servicio debe estar en el cuadro multianual de necesidades y contar con financiamiento asegurado.

    La dependencia usuaria formula el requerimiento, que es revisado por la entidad para asegurar coherencia, funcionalidad y cumplimiento técnico.

    Se solicitan cotizaciones a proveedores del rubro, se validan técnicamente y se selecciona al proveedor bajo el principio de valor por dinero.


    3. Plataforma de contratos menores y transparencia

    La plataforma facultativa del OS facilita la gestión digital, promoviendo transparencia, integridad y competencia entre proveedores.

    Permite alertar riesgos, garantizar el cumplimiento de la normativa y mejorar la eficiencia en la ejecución de las prestaciones.

    Su implementación contribuye a un gobierno abierto y al fortalecimiento de la confianza ciudadana en las contrataciones públicas.


  • Principios de la Ley General de Contratación Pública

    1. Concepto y función de los principios

    Los principios son ideas fundamentales que guían el pensamiento y la conducta de quienes gestionan compras públicas.

    Sirven como criterio interpretativo e integrador ante vacíos legales, pero también como parámetro de conducta diario.

    Es imprescindible interiorizarlos para que orienten decisiones y acciones en cada etapa de contratación.


    2. Principio de libertad de concurrencia

    Promueve el libre acceso y participación de proveedores, evitando exigencias y formalidades innecesarias.

    Garantiza equidad y transparencia en los procesos, evitando requisitos que restrinjan injustificadamente la competencia.

    Aplica a todas las contrataciones, incluso a las fuera del ámbito de la ley, y exige responsabilidad compartida de todos los actores.


    3. Principio de integridad

    Establece que todos los participantes deben actuar con honestidad, veracidad, apertura y rendición de cuentas.

    Busca prevenir prácticas indebidas o corruptas, fortaleciendo la ética en la gestión pública.

    Va más allá de la norma: es un enfoque de conducta que debe reflejarse en la práctica diaria de los servidores públicos.


  • Actores de la Contratación Pública

    1. El Estado como actor principal

    Necesita bienes, servicios u obras para satisfacer necesidades públicas.
    A través de la compra pública, obtiene estos recursos de manera eficiente y transparente.
    Incluye entes rectores, organismos técnicos especializados y unidades internas que gestionan adquisiciones y contratos.

    2. Proveedores y su rol estratégico

    Deben registrarse en el Registro Nacional de Proveedores y cumplir requisitos según su especialidad.
    Su conocimiento del negocio y de la normativa es clave para participar correctamente en procesos de selección.
    Asumen obligaciones y derechos en cada etapa: oferta, postulación y ejecución contractual.

    3. Ciudadanía como beneficiaria final

    Toda contratación pública busca satisfacer necesidades de la sociedad, directa o indirectamente.
    Su rol es indirecto, pero crucial, ya que valida la eficiencia y efectividad del sistema de compras públicas.
    La transparencia y la correcta gestión aseguran beneficios concretos para la comunidad.

  • Funcionarios y Dependencia de la entidad Área de CAP

    1. Titular de la entidad y autoridad de la gestión administrativa

    El titular tiene facultades reservadas para casos específicos: selección no competitiva, arbitraje, prestaciones adicionales y compras por organismos internacionales.

    La autoridad de la gestión administrativa ejerce la mayoría de funciones de contratación pública, incluidas modificaciones y aprobación de procedimientos.

    Su rol varía según el nivel de gobierno y el tipo de entidad.


    2. Área usuaria y área técnica estratégica

    El área usuaria formula requerimientos y verifica que satisfagan necesidades bajo el principio de valor por dinero.

    Evalúa riesgos, coordina con almacén o patrimonio y emite conformidades de ejecución contractual.

    El área técnica estratégica aporta conocimiento especializado y puede asumir funciones de área usuaria temporalmente.


    3. Dependencia encargada de las contrataciones y comprador público

    Gestiona los procesos de contratación: actos, selección y ejecución, verificando cumplimiento normativo.

    Participa en elaboración y revisión de requerimientos y coordinación con áreas usuarias.

    El comprador público debe estar certificado y profesionalizado, garantizando integridad y capacidad técnica en la gestión de recursos públicos.


  • Plan Anual de Contrataciones - PAC del CMN

    1. Rol del PAC en las actuaciones preparatorias

    Organiza y programa las contrataciones para asegurar ejecuciones oportunas.

    Permite definir fechas tentativas de convocatoria según necesidades reales.

    Facilita la coordinación entre la dependencia de contrataciones y el área usuaria.


    2. Contenido y actualización del PAC

    Incluye procedimientos competitivos, no competitivos y procesos desiertos o no convocados.

    Considera compras eficientes, acuerdos marco y necesidades consolidadas.

    Su aprobación y difusión permiten iniciar el seguimiento anual.


    3. Seguimiento, responsabilidades y gestión anticipada

    La DEC monitorea el cumplimiento y alerta sobre convocatorias próximas.

    El área usuaria debe enviar requerimientos con anticipación para evitar retrasos.

    Una correcta programación evita desabastecimientos y garantiza continuidad de servicios.


  • Segmentación de Requerimientos

    1. Concepto y propósito de la segmentación

    Consiste en clasificar bienes, servicios u obras para optimizar recursos y gestionar riesgos.

    Se basa en enfoque estratégico y no solo operativo, tomando como referencia el modelo de Kraljic.

    Permite definir el alcance de la estrategia y la interacción con el mercado.


    2. Criterios de segmentación en bienes y servicios

    Se evalúan dos ejes: cuantía y riesgo de competencia.

    La cuantía se mide según el 10% del monto total programado en el PAC.

    El riesgo se determina por desiertos, número de postores o disponibilidad limitada.


    3. Segmentación en obras y articulación con el PAC

    Se clasifican en básicas o avanzadas según innovación, complejidad, experiencia y postores.

    La evaluación requiere coordinación con el área usuaria o de inversiones.

    Tras segmentar, la DEC elabora un cronograma para el envío oportuno del requerimiento.


  • Formulación de Requerimientos en Bienes, Servicios y Obras

    1. Elaboración y enfoque funcional del requerimiento

    Es elaborado por el área usuaria o técnica, priorizando desempeño y funcionalidad.

    Considera al usuario final y el principio de valor por dinero.

    Debe ser suficiente, coherente y consistente en toda su estructura.


    2. Contenido mínimo y precisión técnica

    Incluye datos generales, finalidad pública, antecedentes y objetivos.

    Describe características técnicas, actividades o especificaciones según bien, servicio u obra.

    Exige detalle completo para evitar ambigüedades y asegurar una contratación correcta.


    3. Condiciones contractuales y coordinación interáreas

    Debe definir plazos, lugar de entrega y condiciones de ejecución sin contradicciones.

    La coordinación entre área usuaria y contrataciones evita demoras y reprocesos.

    Un requerimiento claro y estandarizado incrementa la probabilidad de éxito en la contratación.


  • Propuesta de Requisitos de Calificación y Precalificación

    1. Naturaleza y alineamiento de los requisitos de calificación

    El área usuaria propone los requisitos, los cuales deben ajustarse a las bases estándar.

    Evalúan la capacidad técnica y operativa del proveedor para ejecutar la prestación.

    Incluyen aspectos mínimos como maquinaria, equipos o recursos indispensables.


    2. Experiencia y capacidad del proveedor

    La experiencia previa garantiza que el contratista haya ejecutado servicios similares.

    Evita la contratación de proveedores improvisados y asegura resultados adecuados.

    Se propone como parte esencial del requerimiento técnico.


    3. Compatibilización del requerimiento y excepciones

    Regla general: no se deben incluir marcas o características que orienten la competencia.

    Excepción: se permite compatibilizar cuando existe equipamiento preexistente que exige modelo específico.

    La compatibilización requiere sustento técnico y aprobación de la autoridad correspondiente.


  • Prohibición de Fraccionamiento

    1. Naturaleza y riesgos del fraccionamiento

    El fraccionamiento está prohibido porque desnaturaliza el procedimiento de selección correspondiente.

    Implica dividir una contratación para aplicar reglas más flexibles, como contratos menores.

    Afecta la transparencia y el correcto uso de modalidades más rigurosas como la licitación pública.


    2. Modalidades indebidas y efectos en la contratación

    Fraccionar ocurre al realizar dos o más procesos para evitar el procedimiento anual que corresponde.

    Incluye partir montos para eludir una licitación o una gran compra en catálogos electrónicos.

    Este acto puede afectar la eficiencia y el cumplimiento de requisitos técnicos y formales.


    3. Supuestos permitidos que no constituyen fraccionamiento

    Razones presupuestales justificadas mediante informe de la oficina de presupuesto.

    Contrataciones por acuerdo marco, salvo cuando se intenta evitar una gran compra obligatoria.

    Necesidades imprevisibles posteriores, evaluadas y sustentadas por la DEC.


  • Gestión de Riesgos en Bienes y Servicios

    1. Enfoque y fundamento de la gestión de riesgos

    Es un componente transversal vinculado al control interno y al Sistema Nacional de Control.

    Requiere una metodología completa: identificar, valorar y evaluar riesgos.

    Las medidas correctivas permiten mitigar impactos y asegurar una contratación adecuada.


    2. Alcance normativo y aplicación obligatoria

    Solo los bienes y servicios segmentados como estratégicos exigen una matriz formal de riesgos.

    El área usuaria y la DEC elaboran una planificación integral conforme al artículo 128.

    Esta obligación responde a recomendaciones internacionales para reducir riesgos de corrupción.


    3. Aplicación práctica y criterios institucionales

    La guía indica que en contratos menores la gestión se entiende incorporada en las condiciones.

    Algunas entidades optan por elaborar matrices incluso en objetos no estratégicos.

    La gestión de riesgos debe ser dinámica, preventiva y alineada a la realidad institucional.


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